Estado exige a Anticorrupción devolver oficinas prestadas

Según Javier Navarro Velasco, titular de la Secretaría General de Gobierno, el fiscal Javier Garza y Garza responde a intereses políticos, y agrega que no pueden “cohabitar con el enemigo”.

Edificio de la Tesorería del Estado de Nuevo León. | Archivo
Monterrey, Nuevo León /

Luego de que la noche del martes corriera la versión de que se había prohibido el acceso al personal de la Fiscalía Anticorrupción que ocupaba dos pisos en el edificio de la Tesorería General del estado, en el Centro de Monterrey, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, confirmó que fue la administración estatal la que de manera “cordial” le pidió las instalaciones al órgano encabezado por Javier Garza y Garza, al argumentar que “no acostumbran cohabitar con el enemigo”.

El funcionario declaró que el fiscal Anticorrupción le rinde “pleitesía” a personajes de la vida política de Nuevo León, como lo son los priistas Francisco Cienfuegos y Adrián de la Garza, así como a los panistas Zeferino Salgado y Raúl Gracia.


“Nosotros no acostumbramos a cohabitar con el enemigo, tenerlo en casa adentro, sabiendo que el fiscal (Anticorrupción) se presta a intereses ajenos al estado, no podemos de ninguna manera aceptarlo; sí, él le debe pleitesía a Adrián de la Garza, a Chefo (Zeferino Salgado), a Raúl (Gracia), o a Paco (Cienfuegos), bueno, ese tipo de gente no nos interesa tenerla al lado.

“Entonces le pedimos que nos deje nuestras oficinas toda vez que ahí las está ocupando porque se las dimos como oportunidad, pero ya no lo queremos en casa, no queremos estar con el enemigo al lado”, declaró ayer en rueda de prensa en el palacio de gobierno.

El funcionario estatal sostuvo que también se le pidió a la Fiscalía Anticorrupción buscar su propia ubicación, ya que no es su deseo seguir compartiendo el inmueble de la Tesorería con ellos.

“Entiendo que se le solicitó de manera cordial (al fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza) que nos liberara las áreas y que por favor ellos buscaran su propia ubicación, que no queríamos estar compartiendo con ellos un inmueble”, concluyó.

Al respecto, el fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, declaró en entrevista con el arquitecto Héctor Benavides para Telediario Nocturno, que no han recibido un escrito solicitando que dejen estas instalaciones, las cuales, dijo, pertenecen a la Fiscalía General del Estado.

“Efectivamente ayer hubo una llamada que se hizo a mi director administrativo, para el efecto de solicitar la desocupación de las oficinas en donde se encuentran unas áreas de mi Fiscalía Anticorrupción en el edificio de Escobedo, que es de la Tesorería General del estado.

“Nosotros nos opusimos terminantemente a esa entrega debido a que las oficinas por disposición del Artículo 4 Transitorio de la Ley que crea la Fiscalía General de Justicia, esos bienes son propiedad de la Fiscalía del estado de Nuevo León”, declaró.

En la edición de este miércoles de MILENIO, el fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, dio a conocer que desde la tarde del martes al personal del organismo se le impidió el acceso a los pisos cuarto y séptimo de la Tesorería estatal.

Entrevistado a las afueras del edificio, en el número 333 de la calle Escobedo, en el Centro de Monterrey, el fiscal explicó que fue por medio de un comunicado verbal que se les dio aviso de abandonar el inmueble.

“Hemos tenido conocimiento, vía rumor, que nos quieren desalojar de las oficinas que tenemos tanto en el cuarto, como en el séptimo piso del edificio de la Tesorería”, declaró.


Cruzan diputadas posturas


Ante esta situación, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, invitó a Javier Garza y Garza a ocupar las oficinas del PRI y PAN.

“Yo le recomiendo que busque el edificio que está en Pino Suárez y Arteaga (en el PRI), es bastante amplio, que a lo mejor pudiera tener oficinas para él, o en el de Escobedo y Treviño (en el PAN), que también creo que lo recibirían con los brazos abiertos”, acusó.

Alhinna Vargas, del PRI, dijo que es muy burdo el actuar del estado.

“Lo que sí corre riesgo es la legitimidad y la supuesta gobernabilidad que está buscando el Ejecutivo; no puede ser que justo al mismo tiempo que el Poder Legislativo estaba dando para adelante una solicitud de la Fiscalía (pasara eso), es tan burdo”.



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