El gobierno federal aumentó más del cien por ciento del monto acordado (30mdd) sobre la reparación del daño que deberá pagar el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a lo que él contestó, se trata de una extorsión.
Según Lozoya, en enero de 2022, la compañía de Pétroleos Mexicanos estableció que se le debía pagar 3.4 mdd para retirar el ejercicio de la acción penal por comprar la planta de Agronitrogenados y operar con recursos de procedencia ilícita, para así obtener su libertad, a lo que cuestionó:
“UIF y Pemex, desde enero de 2022, pidieron por escrito 3.4 millones de dólares. Me parece ilegal, inmoral y me parece que raya en extorsión. Acepté pagar el 100 por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño ¿Por qué el incremento? ¿Por qué la cuasi extorsión?".
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Genaro Alarcón López, decidió no continuar con la audiencia intermedia y difirió hasta el próximo 31 de agosto, ante la falta de respuestas de las autoridades por incrementar la reparación del daño,
Además, porque la Fiscalía General de la República (FGR) no participó en las negociaciones donde el ex funcionario trató de lograr un acuerdo reparatorio para suspender la causa penal que enfrenta.
“De manera dogmática se dice que es la postura del gobierno federal…Yo debería verificarlo…Se requiere de fundamentación y motivación”, manifestó el juzgador.
Los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, pidieron que iniciara la audiencia intermedia para que la FGR presentara su acusación formal del caso, pero el juez explicó que era necesario garantizar los derechos del imputado.
Alarcón López subrayó que la autoridad tiene que sustentar dicha cantidad, aseguró:
“Sí se requiere la fundamentación porque si no, la Fiscalía genera incentivos perversos como en el sistema anterior y se podría fijar cualquier cantidad de manera arbitraria. Incluso si el Estado mexicano no quiere celebrar el acuerdo también deben dar una justificación al igual de por qué no estuvo presente la FGR. Debió tener intervención la Fiscalía porque es el rector de la propia investigación, veo que UIF y Pemex van por cuerda separada de la fiscalía y eso tampoco es correcto”.
A su vez, el acusado, afirmó que haber intentado llegar a un acuerdo, no es igual a aceptar culpabilidad.
“Fue idea de mi familia por el acoso político que estamos viviendo”, enfatizó el ex funcionario.
El juez citó a ambas partes el 31 de agosto para la celebración de la audiencia intermedia, mismo lapso que tendrá la FGR para participar en las negociaciones del acuerdo.
ases