Durante la glosa de Estrategia de Seguridad, donde estuvieron presentes el fiscal estatal, Gerardo Solís Gómez, Ricardo Sánchez Berumen, coordinador estratégico de seguridad y Juan Bosco Agustín Pacheco, secretario de seguridad del estado, fueron cuestionados por las diferentes bancadas con temáticas de desaparecidos, homicidios, feminicidios y el caso del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas.
Sobre este último tema, cabe mencionar que el juez José de Jesús Covarrubias fue acusado por abuso sexual el 15 de noviembre, por lo que los diputados de la bancada de oposición del PRI y Hagamos, polemizaron sobre la injusticia del caso.
Por su parte, Hortensia Noroña, diputada del PRI, calificó como alarmante que después de días que salió de los reflectores de la opinión pública, se aproveche esta situación para que el acusado resulte privilegiado, que le permite evadir la justicia.
“Pediríamos que se pusiera mucho énfasis en la celeridad y el apego irrestricto a este caso, y que también se proteja a la familia denunciante a la víctima para que no sea revictimizada o intimidada y que pueda desistir. Entonces pedimos un trato digno y defensa de sus garantías individuales”, mencionó la diputada.
Enrique Velázquez González, diputado de Hagamos, reconoció que al retirarse el fuero constitucional de la 61 Legislatura y cuando fue devuelto a los magistrados y a los jueces, no se estableció el proceso para el desafuero, situación que pausa el proceso.
“Y se confunde juicio procedencia con el desafuero; es un error de Congreso y yo fui diputado de la legislatura pasada y lo acepto, no lo vi. Que se había desechado el procedimiento y que cuando la corte determina, teníamos que haber hecho un procedimiento que ahorita no tenemos y que estamos platicando de cómo lo vamos a hacer”, dijo el diputado.
Gerardo Solís estuvo de acuerdo con la opinión de Velázquez y agregó que en la administración anterior de esta soberanía se decidió eliminar el fuero a todos los servidores públicos y les pareció acertada, dado que aceptó que todos los funcionarios deben rendir cuentas de lo que hacen. No obstante, un grupo de magistrados se alzaron en una controversia constitucional, cuya ley quedó derogada.
Por último, los funcionarios aseguraron que continuarán al pendiente del caso, y se comprometieron a garantizar la seguridad de la víctima y su familia.
AA