Por segunda ocasión, el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, dejó plantado al Congreso Local al no presentarse en la sesión de la Comisión Jurisdiccional programada para la tarde de este lunes y en cambio respondió con dos escritos en el que pide que no intervengan los diputados de mayoría.
En uno de los documentos, el funcionario estatal presentó un Incidente de Recusación y Declaración de Impedimento Legal para que los diputados del PAN y PRI, cuyos líderes de partidos lo denunciaron, no puedan participar en el proceso de juicio político porque hicieron declaraciones antes de iniciarlo.
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“El Diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores de manera personal y directa y en contra de los Diputados y las Diputadas del Partido Acción Nacional en el Estado de Nuevo León y del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Nuevo León que integran la Comisión Jurisdiccional, deben excusarse o declararse impedidos para conocer del juicio político en que se actúa.
“Lo anterior, debido a la evidente y manifiesta enemistad que han expresado en múltiples ocasiones hacia mi persona, así como contar con intereses personales y particulares, lo que en conjunto que hace imposible considerar que actuarán de forma imparcial”, se lee en su respuesta.
La comparecencia estaba programada como parte de una sesión de la Comisión Jurisdiccional ante la no publicación a tiempo de más de 60 decretos en el Periódico Oficial del Estado; sin embargo, Lilia Olivares, presidenta de la Comisión, dijo que los escritos llegaron al mediodía del lunes y serán analizados en una nueva sesión para determinar la situación jurídica del funcionario, sin especificar día ni hora.
“Hoy no, hoy nos vamos a estudiarlo y en base a lo que estudiemos, yo creo que mañana les estaríamos diciendo. El procedimiento va a seguir, el proceso sigue tal cual”, mencionó en entrevista.
En un segundo escrito, el Secretario insistió que se proceda a declarar la nulidad de la Notificación y/o Emplazamiento debido a que no tenía fecha el requerimiento.
Además, estableció que la resolución con fecha del 28 de noviembre de 2022 no fue firmada por cuatro de los integrantes de la Comisión Jurisdiccional, por lo que más de la tercera parte no respaldan el acuerdo.
En entrevista, Sandra Pámanes, Vicecoordinadora de MC, dijo que poco a poco se cae el proceso que no tiene base legal o sustento jurídico.
“Está en una base totalmente porosa, todo este proceso en el que han querido simplemente manchar y dañar la imagen y el trabajo del Secretario General de Gobierno, pero no tiene ningún sustento legal”.
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