El secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, solicitó al Congreso local que declare la caducidad del juicio político que se sigue en su contra por la no publicación de decretos en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Esto, al considerar que han pasado los seis meses de plazo que establece el artículo 12 de la Ley de Juicio Político del Estado.
En el documento de 11 hojas como parte del expediente 16177/LXXVI, Navarro Velasco dijo el juicio podría iniciarse y hasta sancionarlo antes de los seis meses, pero indicó que esto venció desde el pasado 17 de mayo.
“Es importante señalarse que la caducidad establecida no es por inactividad procesal en 6 meses, sino que es un plazo perentorio establecido por el Legislador para apertura y conclusión del procedimiento en un plazo máximo de 6 meses”, dijo.
En este sentido, mencionó Navarro, cualquier sanción que se imponga con infracción de dicho plazo, presuntamente resultaría ilegal e inconstitucional.
Señaló que el Congreso del Estado gozó de una facultad temporal, de seis meses, para someterá juicio que en su caso se hubiera pretendido imponer la sanción.
En la actualidad, afirmó el secretario, ya no puede realizarlo, a riesgo de que los legisladores que lo integran excedan de su competencia e incurran en responsabilidad, al considerar que ya no son una autoridad jurisdiccional que pueda sancionarlo.
“Cuando dicho plazo de 6 meses ya transcurrió, pues la facultad que tenían para imponer sanciones y aplicarlas en el caso concreto se extinguió al transcurrir el tiempo sin así hacerlo.
“Por haber transcurrido el plazo dentro del cual se podía sancionar al suscrito ha fenecido, ha operado la preclusión de la facultad correspondiente que tenía la Comisión Jurisdiccional para elaborar un dictamen, y la del Congreso del Estado para su votación en Pleno”, explicó.
La facultad del Congreso del Estado, indicó Navarro, para aplicar al suscrito cualquier sanción derivada del presente juicio político precluyó el día 17 de mayo del 2023.
“Al precluir la facultad de este cuerpo colegiado para imponer alguna eventual sanción en el proceso de juicio político seguido en contra del suscrito, como consecuencia lógica, se extinguió cualquier sanción que se hubiere pretendido imponer.
“El plazo de 6 meses es fatal, en respeto al principio de seguridad jurídica que se desprende de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, así como del espíritu de ol dispuesto en el artículo de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, no puede ser prorrogado. El Congreso del Estado y la Comisión Jurisdiccional integrada para sustanciar el presente juicio político, carecen ya de facultades para así hacerlo”, señaló.
Por último, Navarro consideró procedente que se declare la caducidad y archivo de este como totalmente concluido.
La Comisión Jurisdiccional aprobó el 24 de octubre reactivar el juicio político contra Navarro, sin embargo, éste proceso judicial caducó en mayo pasado.
En sesión convocada de última hora y tras darse a conocer que Navarro podría ser el Encargado del Despacho del Estado, si al gobernador Samuel García le avalan la licencia para competir por la presidencia en el 2024, Lilia Olivares, presidenta de la Comisión, dijo que el tema estaba previsto para ser visto ayer, pues hubo una petición ciudadana.
“El 2 de mayo se hace esto público y se invita a esta parte (Javier Navarro) y con esto le damos seguimiento, estamos buscando que el 2 de mayo para que a partir de ese ya ahora si contar, (el procedimiento inició) el 2 de mayo que fue la parte en la Navarro ya se presenta en la Comisión”, indicó la panista.
No obstante, Sandra Pámanes e Iraís Reyes, ambas de MC, dijeron que el procedimiento se inició desde que se le dio trámite a la denuncia de los dirigentes del PRI y PAN, es decir el 17 de noviembre del año pasado, lo que significa que caducó el 17 de mayo del 2023.
elmm