Un gobernador, funcionarios de primer nivel, empresarios, la iniciativa privada, organismos de la sociedad civil, partidos políticos, y hasta ex gobernadores, todos tienen algo en común que afecta hoy a los habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey.
En medio de la crisis hídrica que por segundo año consecutivo aqueja a las familias de Nuevo León, un recuento periodístico de los años 2010 al 2018 arrojó quienes fueron esos actores que exigieron frenar Monterrey VI, el proyecto que traería agua de la cuenca del Río Pánuco al estado y resolvería el abastecimiento por cinco décadas.
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Entre los principales opositores estuvieron el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón, al igual que su coordinador ejecutivo, Fernando Elizondo Barragán, además de empresarios como Eugenio Clariond Reyes Retana.
Pero no fueron los únicos: cámaras empresariales como Caintra y Coparmex también manifestaron dudas y solicitaron frenar el plan, al igual que la dirigencia estatal del PAN y sus diputados en el Congreso local.
A la causa se sumaron organismos como Rescatemos Nuevo León, Reforestación Extrema, Movimiento de Activación Ciudadana, Asociación de Vecinos de Valle Poniente, Vertebra, Pueblo Bicicletero, Red por la Dignidad, Academia Nacional de Arquitectura, la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, el Frente Amplio Ambientalista, Agua para Todos y Evolución Mexicana.
Hubo además dos instancias que influyeron de manera decisiva: el Fondo Metropolitano de Agua Monterrey y The Nature Conservacy (TNC), organismo en el cual participan 600 científicos de 15 países, y cuyo estudio fue la base para echar abajo el ducto que conectaría al Pánuco con Nuevo León.
Así fue cancelado Monterrey VI
En el año 2010, Nuevo León recibió un título de concesión de 15 mil litros por segundo de aguas provenientes del Río Pánuco, y en diciembre del 2011 la Conagua entregó a Servicios de Agua y Drenaje la autorización por un período de 30 años para obtener 473 millones de metros cúbicos anuales de ese cauce.
Sin oposición inicial, el estado y la federación suscribieron en 2013 el convenio de construcción de Monterrey VI e incluso se autorizó una partida de 2 mil 966 millones de pesos para financiar la obra.
La licitación y adjudicación del proyecto se dio en septiembre del 2014, y se suscribió el contrato por 14 mil 161 millones de pesos con el consorcio ganador, integrado por las empresas Conoisa, Desarrollos Rogar, Recsa Concesiones y Pyecsa.
A partir de ese momento, empezaron los conflictos, primero en voz del empresario Eugenio Clariond Reyes Retana, que mediante el Fondo Metropolitano del Agua se opuso al plan hídrico.
En febrero del 2015, más de 300 ciudadanos de 14 organismos intermedios y de la sociedad civil protestaron en Palacio de Gobierno para pedir la cancelación del proyecto Monterrey VI, bajo el argumento de que representaba un costo excesivo.
Al siguiente mes, con las campañas electorales por iniciar, Agua y Drenaje de Monterrey, vía su entonces titular, Emilio Rangel Woodyard, denunció que dichos organismos politizaban el tema.
En respuesta, cámaras empresariales aceptaron dejar del lado los cuestionamientos públicos, pero siempre y cuando se cancelara la obra, a lo que el estado reviró señalando que respondería a todas las dudas existentes.
El Fondo Metropolitano vía Eugenio Clariond declaró entonces que el tema era ecológico, no político, al tiempo que en el Congreso local el tema dividía opiniones.
Por primera vez, ya como candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo planteó echar abajo Monterrey VI mediante la compra de sanitarios ahorradores para reemplazar el agua que se traería del Pánuco, solución que costaría 900 millones de pesos.
En abril, en una visita del entonces presidente Enrique Peña Nieto, más de 20 empresarios apoyaron la construcción de acueducto, y le pidieron al mandatario priista que destinara más recursos.
A partir de ahí no se habló más del tema durante el período de campaña, hasta un mes después de concluido el proceso, ya con Jaime Rodríguez como gobernador electo, quien dio a conocer el 7 de julio que pararía la obra, y les pidió a los inversionistas dejar de meterle dinero.
En respuesta, Agua y Drenaje reveló que la penalización por este hecho sería de 14 millones de pesos.
Días después, el entonces gobernador Rodrigo Medina reconoció que la decisión final de la obra recaía en su sucesor.
Para el 12 de julio, Rodríguez Calderón dio a conocer que se reuniría con los contratistas de la obra, a fin de conocer a detalle los pormenores, pero 4 días después, los organismos de la sociedad civil le volvieron a exigir que detuviera el plan.
Ya para finales de agosto, el Bronco declaraba que la obra no se llevaría a cabo, al tiempo que el PRI le exigía desde el Congreso local una postura definitiva.
A pesar de ello, en marzo del 2016 el ya gobernador Jaime Rodríguez defendió la concesión otorgada al estado, y advertía que sería un error no utilizarla.
En septiembre de ese año aseguró que ya tenía un acuerdo con el presidente Peña Nieto para construir Monterrey VI, pero con otros términos y condiciones, sin embargo, días después dejaba en claro que el rumbo sería otro.
Para mayo del 2017 se canceló definitivamente Monterrey VI, y la puntilla vino en 2018, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el llamado Plan Hídrico 2030, que contemplaba la construcción de la Presa Libertad.
Al día de hoy, dicho embalse no tiene agua...y las casas de la zona metropolitana, tampoco.
cog