La Agencia de Administración Penitenciaria de Nuevo León notificó al Congreso local que no podrá entregar las 54 las cartas de antecedentes no penales de los candidatos a fiscal general porque esta “legalmente impedida” y pidió a la Comisión Anticorrupción considerar las suspensiones provisionales que ha emitido un Juzgado.
José Francisco Jiménez Gómez, Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León, envió ayer por la tarde al Congreso un documento de tres páginas detallando que no podrá enviar la documentación requerida, sin embargo, el proceso continuará porque el amparo fija que no se pueda designar al Fiscal General.
“Se hace de su conocimiento que mediante auto de fecha 21 de octubre de 2022 dictado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1482/2022 promovido por Juan
Guillermo Ávila Sarabia ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativo en el Estado, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados para efecto de que las autoridades responsables "[. ..] se abstengan de publicar los requisitos y en su caso continuar con los trámites correspondientes a la convocatoria para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia para el Estado de Nuevo León y, de actualizarse la especie, de designar a la persona que ocupe dicho cargo público.
“Todas y cada una de las autoridades responsables y sus dependencias o unidades administrativas subalternas están obligadas legalmente a acatar y respetar los efectos de la referida suspensión provisional, en atención a lo dispuesto en los artículos 136, primer párrafo y 158 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que, de no hacerlo, incurrirían en el delito previsto en el artículo 262, fracción 111 de la propia Ley de Amparo, con sanción de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, y destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos”, detalló la Agencia.
En el juicio de amparo, añadió la Autoridad Penitenciaria, fungen como autoridades responsables el Congreso y Diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, así como el Gobernador, el secretario general de Gobierno y la Encargada del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, al igual que el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Los actos reclamados consisten medularmente en el Decreto 176 con el que se reformaron los artículos 16, fracciones I y 111, y 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León; la promulgación, refrendo, publicación y aplicación de dicho Decreto; el Dictamen del expediente legislativo número 15766/LXXVI, emitido el 5 de octubre de 2022; el indebido proceso de selección de los integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León; la determinación del Pleno del Congreso relativa a la elección, designación, aprobación y/o nombramiento de los integrantes del aludido Comité de Selección; y el Acuerdo 254 de fecha 12 de octubre de 2022 emitido por el Congreso, en el que se contiene la convocatoria y las bases para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León”, se lee en el documento.
La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado determinó el lunes que, si la Agencia no emitía las cartas de antecedentes no penales a los candidatos a fiscal general de Justicia, se dará por hecho que los aspirantes no han tenido expedientes judiciales y cumplirán con los requisitos.
cog