A partir del 1 de enero, la reorientación presupuestal implementada por el Estado obliga a que las dependencias del Gobierno de Nuevo León, los organismos autónomos, el Poder Judicial, la Fiscalía General y el Congreso local operen con el mismo presupuesto asignado en 2023. Asimismo, se contempla la posibilidad de que dichas entidades recurran a instancias judiciales para reclamar los recursos que les corresponderían en 2025.
De acuerdo con información del Ejecutivo, la figura de la reconducción se adopta para garantizar que el Estado no carezca de recursos presupuestales debido a la falta de acuerdos entre los órganos que tienen la responsabilidad de emitir los presupuestos de Ingresos y Egresos.
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El término de reconducción se adopta con diversas modalidades, la más común es la prórroga del Presupuesto anterior en caso de que el Legislativo rechace o no se pronuncie sobre los proyectos presentados, como ya ocurrió en dos ocasiones.
La reconducción es una solución constitucional para dar continuidad a las actividades realizadas en el ejercicio fiscal previo.
Ésta se ha dado en distintas entidades federativas, por cuestiones de no llegar a acuerdos, en donde ha operado esta figura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha validado la figura constitucional.
Constitución de Nuevo León contempla recondución prespuestal
El Artículo 96 de la Constitución local detalla que si terminado un año por cualquier circunstancia no se hubiere publicado la Ley de Egresos que deba aplicarse al siguiente ejercicio, seguirá vigente la misma del ejercicio que termina, cuya vigencia cesará con la publicación.
El Congreso regresa el miércoles 8 de enero en la diputación permanente y se espera que haga un pronunciamiento generalizado para que avance el Presupuesto 2025, si se aprueba en un extraordinario, por lo que el Gobierno estatal deberá publicar en el Periódico Oficial para que concluya la reconducción del 2023.
El Artículo 106 de la Constitución local detalla que el Presupuesto de la Auditoría Superior del Estado (ASE) no podrá reducirse en términos reales al del ejercicio anterior, y podrá definir y ejercer en forma autónoma sus partidas presupuestales.
El Congreso local repetirá el Presupuesto asignado del 2023 que asciende a 439 millones de pesos; para la ASE, 316 millones 575 mil 114 pesos; al Poder Judicial, 2 mil 729 millones 456 mil 400 pesos; así como la Fiscalía General, con 3 mil 947 millones 142 mil 255 pesos.
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