Una docena de leyes caducó y otra treintena está a punto de expirar sin que siquiera hayan sido publicadas en el Periódico Oficial del estado, por lo que la presidencia del Congreso de Nuevo León exigió a la titular de ese órgano de comunicación informe sobre la inexplicable situación.
Las leyes que no han caducado y que han sido impulsadas por el PAN, PRI, PT y Morena en su mayoría, permanecen en el limbo y se hallan cerca del vencimiento, revelan documentos obtenidos por MILENIO, en los que queda claro que no existe fundamento legal para el aplazamiento de su publicación y que, se teme en el Congreso, es un inédito uso político del Periódico Oficial del estado en contra del Poder Legislativo.
Entre otras, se hallan en la congeladora del Periódico Oficial del Estado, dependiente del Ejecutivo, la ley para la eliminación de la violencia en contra de adultos mayores, la donación de un inmueble propiedad del gobierno del estado para transmitirlo a la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, así como articulados a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas éstas del PAN, PRI y PT.
También se halla frenada una serie de reformas a la Ley de Patrimonio Cultural del Estado, declarando que las actividades y espectáculos como charrería, el rodeo o jaripeo, las carreras de caballos, cabalgata, peleas de gallos y la tauromaquia sean patrimonio cultural inmaterial en Nuevo León.
En este último caso, el gobernador vetó la reforma de la oposición fuera de tiempo, argumentando que estaba aún vigente para desecharse.
"Ahora bien, respecto a los decretos que conforme al anexo 2 se señalan, solicito respetuosamente se informe la razón por la cual no han sido objeto de publicación, teniendo como referencia que el plazo para observarlos está fenecido", se lee en el documento.
Además, las reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incluyendo el Protocolo Alba, aún no han sido publicadas.
MILENIO publicó que luego de que el gobernador solicitó al Congreso que las reformas a las leyes fueran enviadas a la Consejería Jurídica del estado, la presidenta del Congreso, Ivonne Álvarez, acordó enviar los documentos a la misma, aunque no sea la facultada.
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