El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) atender las denuncias e iniciar las investigaciones correspondientes en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Delfina Gómez, Horacio Duarte e Higinio Martínez por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña para las elecciones del 2023 de la gubernatura del Estado de México.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una impugnación ante la respuesta de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que se declaró incompetente para aceptar las quejas del partido en contra de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez; el titular de Aduanas, Horacio Duarte; el senador Higinio Martínez y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por la reunión que tuvieron el 31 de mayo en Palacio de Gobierno.
Al respecto, Claudia Sheinbaum compartió en sus redes sociales que, efectivamente, sostuvo una reunión con los funcionarios Delfina Gómez, Higinio Martínez y Horacio Duarte.
Sin embargo, el PRD alegó que esta reunión se puede interpretar como actos anticipados de precampaña y campaña, pues se trata de tres aspirantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura del Estado de México; así como un uso indebido de recursos públicos, pues se realizó un martes, día hábil, en las instalaciones del Palacio del Gobierno de la Ciudad de México y podría implicar el respaldo a la mandataria capitalina en sus aspiraciones presidenciales.
La magistrada Janine Otálora presentó un proyecto en el que propuso revocar la decisión del INE de declararse incompetente para analizar el caso, alegando que debía resolverlo la autoridad local del Estado de México, por lo que el PRD tuvo razón, pues se trató de funcionarios federales y de la jefa de Gobierno, lo que rebasa las facultades locales, las cuales deben ser atendidas por el árbitro nacional.
“La autoridad administrativa nacional no analizó de manera integral el escrito de queja, del que se advierten hechos relacionados con la presunta aspiración de una de las denunciadas al cargo de la Presidencia de la República, lo que se traduce en un posible impacto en una elección federal y una estatal, además, de que los actos se atribuyen a una servidora pública de una entidad federativa, diversa a la que se desarrollará en el Estado de México. Por tanto, la autoridad administrativa local se encuentra imposibilitada en estudiar la conducta denunciada, ya que la jefa de Gobierno pertenece a un ámbito local diverso, lo que actualiza su competencia”.
La Unidad Técnica de los Contencioso Electoral deberá admitir las quejas del PRD e iniciar la investigación, con el fin de que la Comisión de Quejas y Denuncias defina si son procedentes medidas cautelares y la Sala Regional Especializada deberá determinar si la reunión puede ser considerada un acto anticipado de campaña o uso indebido de recursos públicos.
KT