Ante las recientes denuncias de casos de criaderos clandestinos, para usar su carne como consumo humano, legisladores de la Ciudad de México proponen castigar hasta con cárcel a quien resulte responsable de estas prácticas.
La diputada del PRI, Maxta González Carrillo propuso castigar de seis a 12 años de prisión, además de multas que van de los 144 mil 330 a los 288 mil 660 pesos a quien provoque la muerte de cualquier especie de animal doméstico con el fin de comercializar su carne para ingesta de personas.
De acuerdo a la legisladora, dicha iniciativa busca busca abonar en favor de la defensa de los animales, primordialmente para aquellos que no son para el abasto y consumo humano, como son perros y gatos; para castigar a quienes los sacrifiquen, con el fin de comercializar de manera ilegal su carne para consumo humano.
En su exposición, la diputada local mencionó que muchas personas, no conformes con la explotación y comercialización de animales de compañía (que ya supone un millonario negocio) también comercializan la carne de estos animales, sin importar el daño a la salud que pueden provocar.
Asimismo, advirtió que a pesar de que la práctica todavía no se convierte en un problema de salud pública, de no prevenir y no realizar acciones que inhiban la situación, más adelante podría convertirse en un serio problema.
Añadió que resulta muy reprobable que se maltrate a perros y gatos, principalmente para vender su carne, a pesar de que, en ninguna norma, se menciona que esté permitida para el consumo humano.
Citó reportes del caso ocurrido en abril del presente año donde se mencionó que dos personas fueron detenidas en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, por criar perros que durante diez años vendieron en tacos afuera del metro Tacubaya.
La legisladora presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa que reforma las fracciones XXIV Y XXV, adiciona la fracción XXVI del artículo 25 y reforma el inciso c) de la fracción II del artículo 65 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y adiciona el artículo 350 quater del código penal para el Distrito Federal.
La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Bienestar Animal y la de Administración y Procuración de Justicia.
LARR