Por falta de información sobre el estatus en la entrega de mil 200 unidades, los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad acordonaron posponer la votación para aprobar el arrendamiento de 600 camiones más para destinarlos al transporte público.
Representantes de Caintra, Consejo Cívico y Congreso del Estado, estuvieron en contra de que se hiciera la votación, al señalar que no hay certeza de que se cumpla el nuevo contrato si hay dos que aún están pendientes con la entrega de más de 900 autobuses.
“Estamos completamente de acuerdo de qué se necesitan más unidades de transporte circulando en el Estado, pero no sabemos si sea lo más responsable hacer un nuevo contrato de arrendamiento cuando hay dos vigentes, necesitamos saber cuánto se ha recabado de multas por penalidades en la falta de entrega de las unidades y cuántas ya están circulando en este momento”, señaló la diputada del PRI, Lorena de la Garza.
En la exposición de motivos, José Manuel Valdéz, director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, indicó que la licitación para arrendar las 600 unidades sería internacional para atraer mejores unidades a un mejor costo.
Lo anterior fue refutado por los integrantes de la Junta Local quienes aseguraron que esto pondría en riesgo la entrega, pues podría suceder lo mismo que con las 800 unidades de TICSA, empresa que aún tiene pendiente por entregar 700 camiones.
“Los queremos ayudar, pero nos la ponen difícil, esperaba más información sobre los contratos actuales de arrendamiento, sobre el plan de implementación de las unidades, ya se arrendaron ochocientas, luego cuatrocientas, ahora quieren seiscientas, no son números menores”, señaló Jesús Francisco López, representante de Caintra.
Al solicitar dejar “en permanente” la sesión de la Junta Local, José Manuel Valdez accedió y postergó la votación.
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