El líder del parlamento del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó una iniciativa de reformas constitucionales para establecer la disolución de municipios y la pérdida de registro de partidos políticos en caso de comprobarse la injerencia de organizaciones delictivas, con el fin de impedir un narco Estado en México y blindar los procesos electorales contra la intervención del crimen organizado.
El proyecto prevé asimismo la suspensión de los procesos electorales en caso de homicidio de algún candidato y la imposición de una pena de 15 a 30 años de cárcel a quien, por acción u omisión, permita la participación del crimen organizado en las elecciones.
Las modificaciones a los artículos 19, 34, 41 y 115 de la Constitución Política obligarían a los partidos políticos a pronunciarse contra el narcotráfico, tanto en campañas como en sus documentos básicos, mientras los candidatos tendrían prohibido hacer apología del crimen.
“Es momento de lanzar un mensaje duro contra el narcotráfico. Tenemos que impedir un posible narco Estado”, puntualizó Moreira, y advirtió que, de no hacer nada, el narco se quedará pronto con el poder político en diversas zonas del país.
Urgió por ello a esclarecer el origen el financiamiento de las campañas y castigar la intervención del narcotráfico.
Ante el clima de inseguridad y frente a los hechos delictivos contra aspirantes y candidatos, el legislador coahuilense propuso la creación del Comisionado Electoral y el Observatorio Electoral dependientes del INE para proteger los procesos electorales en todas sus etapas y asegurar el voto libre sin la injerencia de grupos delincuenciales.
Al Comisionado Electoral le correspondería ordenar medidas de vigilancia preventiva y de protección a candidatas y candidatos a cargos de elección popular, así como a sus familias, además de elaborar protocolos de actuación en materia de investigación y persecución de la posible filtración del crimen organizado en procesos electorales.
El Observatorio Electoral investigaría lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de indicios de injerencia del crimen, al tiempo de regular la propaganda y la disposición de los partidos como instituciones públicas para enfrentar la presencia del crimen organizado en las contiendas políticas.
El coordinador de la bancada priista en el Palacio de San Lázaro subrayó que en el proceso electoral de 2018 se registraron 774 hechos delictivos contra políticos y candidatos, con un saldo de 152 muertos, de los cuales 48 eran aspirantes y candidatos a puestos de elección.
En 2021 se contabilizaron a su vez mil 66 ataques a políticos, lo que representa un incremento de 38 por ciento en comparación con el proceso electoral inmediato anterior.
ZNR