Ante el desmonte de una parte del Río Santa Catarina, el diputado local del PAN, Luis Susarrey, propuso crear el Comité Estatal de Flora y Arbolado, el cual estaría facultado para denunciar la tala de árboles, delito que se castigaría con hasta 12 años de cárcel y una multa de más de 15 mil pesos.
En rueda de prensa, Susarrey dijo que, en la última semana, el gobierno estatal de Nuevo León tomó la decisión de iniciar un proceso de “limpieza” a un tramo de 26 kilómetros del Río Santa Catarina, donde limpieza consistía en retirar la flora y arbolado de la zona, sin un plan de acción simultáneo para no generar un daño al ecosistema.
Susarrey presentó una iniciativa de reforma a la Ley ambiental y al Código Penal del estado de Nuevo León, proponen crear un Comité Estatal de Flora y Arbolado Urbano, el cual sea el encargado de autorizar los trámites de retiro y reposición de flora y arbolado urbano y los proyectos de arborización en parques y áreas públicas.
Dicho comité se propone que este conformado por el secretario de Medio Ambiente del estado, dos representantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad de Monterrey, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey o de la Universidad Regiomontana, pertenecientes a facultades o áreas especializadas en Medio Ambiente y Ciencias de la Tierra; y dos representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en Medio Ambiente y materias afines.
El panista dijo que expertos en la materia, así como la ciudadanía y la sociedad civil, se han posicionado en contra de estas acciones, ya que retirar la flora y árboles de la zona genera un daño a gran escala en el medio ambiente del Estado.
Entre sus atribuciones se encontrará:
I. Autorizar los trámites de retiro y reposición de flora y arbolado urbano.
II. Interponer ante las autoridades competentes los recursos correspondientes por faltas administrativas cometidas por servidores públicos, personas físicas y morales.
III. Interponer ante las autoridades competentes las denuncias por delitos ambientales cometidos por servidores públicos, personas físicas y morales.
IV. Autorizar los proyectos de arborización en parques y áreas públicas.
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