Los municipios de Escobedo y Santiago en el estado de Nuevo León han informado que diversas obras públicas se encuentran detenidas debido a que el Gobierno Estatal sólo ha entregado el 20 por ciento de los recursos prometidos por un fondo de 2 mil 500 millones de pesos.
Así lo dieron a conocer los ediles de los mencionados municipios, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, y el edil de Santiago, David de la Peña.
En el caso de Mijes, este mencionó que restan por entregar 55 millones de pesos al municipio, por lo que no han podido licitar dos obras que corresponden a la construcción de centros integrales de seguridad en las colonias Fernando Amilpa y en La Alianza.
Pese a esto, recalcó que no entrará en disputas con el Gobierno Estatal de Samuel García, ni con el Congreso de Nuevo León, pues su intención es llevar una relación sana para llevar más obras al municipio en un futuro.
Por su parte, el alcalde de Santiago, David de la Peña, dio a conocer que interpusieron un recurso para pelear por los recursos del mencionado fondo, cuya entrega se encuentra detenida por una medida cautelar otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al municipio de Abasolo.
De la Peña indicó que este recurso forma parte de la Ley de Egresos firmada por el gobernador, y ejemplificó que en paquete fiscal del 2024 deberán venir destinados a su municipio los 75 millones de ese año, además de los 55 millones restantes del periodo actual.
Al tener solo el 20 por ciento del monto prometido, De la Peña dijo que en Santiago hay obras pendientes relacionadas a pavimentación, drenaje, además de la construcción de un campo de beisbol.
Además de esto, el edil expresó que espera que el gobierno de Samuel García contemple más proyectos hídricos adicionales al Acueducto El Cuchillo II, pues el almacenamiento de la Presa La Boca, que está en un 15 por ciento de su capacidad, es una situación triste y perjudicial para el municipio.
Frenan entrega de fondos a municipios metropolitanos
El pasado 30 de agosto, se informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) otorgó una medida cautelar al municipio de Abasolo para que la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado frenara la entrega de los recursos de un fondo de 2 mil 500 millones de pesos a los ayuntamientos con liderazgos priístas y panistas.
"Es procedente otorgar la medida cautelar previa (…) deberán mantenerse las cosas en el estado que se encuentran a fin de salvaguardar la materia del juicio. Es decir, que el fondo de 2 mil 500 millones de pesos, constituido en el Artículo 98 de la Ley de Egresos 2023, permanezca en el estado que se encuentra, si dicho fondo no ha sido distribuido, no se realice la distribución relativa, todo ello mientras se resuelve en definitiva la presente controversia", señala el acuerdo.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, la Bancada de Movimiento Ciudadano presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León el cumplimiento de la suspensión emitida por la Segunda Sala Regional del Tribunal General de Justicia Administrativa respecto al fondo de 2 mil 500 millones de pesos.
La diputada de la Bancada Naranja, Iraís Reyes, señaló que la suspensión es para que se abstengan del reparto de los recursos hasta que se resuelva el fondo de las controversias planteadas por los Municipios y el Estado ante las autoridades jurisdiccionales locales, federales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Desde la aprobación de este fondo, se han generado reacciones encontradas, pues se excluyeron a 23 Municipios del Estado”, dijo la legisladora emecista.
“Ante ello, diversos Municipios y el Estado promovieron recursos judiciales ante instancias locales y federales, a efecto de que se realice un reparto equitativo entre los 51 Municipios que conforman Nuevo León”.
Reyes indicó que la autoridad jurisdiccional considera que, en caso de no aplicar esta medida suspensional, se ocasionará un daño irreparable al Municipio y a sus habitantes.
Asimismo, puntualizó que, bajo ese contexto, “es claro que la controversia se funda en la equidad de todos los Municipios respecto a la participación y ejercicio de recursos públicos”, concluyó.
cog