La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Gobierno de Nuevo León que publique a más tardar el 14 de febrero el decreto 196, que señala que la Unidad de Inteligencia Financiera estatal (UIFE) pasa a la Fiscalía General de Justicia del Estado.
El 15 de junio del 2022, el Congreso del Estado aprobó reformas al artículo 87 de la Constitución local para que la UIFE sea un órgano autónomo, y así su operación no dependa del ejecutivo estatal.
Con la reforma, la UIFE se convertiría en Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.
A pesar de que el Gobierno estatal tiene un plazo para publicar las reformas constitucionales, no lo hizo, y por tal motivo el Congreso local interpuso una controversia constitucional que fue admitida el 29 de diciembre del 2022.
Fue hasta el 22 de noviembre del siguiente año que la Primera Sala de la Corte declaró fundada la controversia y dio un plazo de 15 días hábiles para la publicación y concretar el traspaso.
Sin embargo, el ejecutivo estatal hizo caso omiso.
Por ello, de nueva cuenta la Corte dio un ultimátum para que en 15 días, que vencen el 14 de febrero, el Gobierno estatal cumpla con esta instrucción.
El documento establece:
"Plazo de 15 días a efecto de que publique (el Gobierno estatal) el decreto 196 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, debiendo informar a esta Suprema Corte sobre el cumplimiento", indica el documento.
Impugnará Samuel con controversia por invasión de facultades ante la Corte
Tras considerar que se trata de un blindaje a la corrupción del PRI y PAN de Nuevo León, la administración estatal adelantó que en su momento interpondrá este recurso ante la Corte contra lo que consideró una invasión de facultades del Congreso del Estado hacia los asuntos del Ejecutivo.
El decreto 196 en donde se eliminan facultades de Inteligencia Financiera del Ejecutivo estatal para transferirlas a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que aprobó el grupo legislativo del PRI y PAN, se trata de un blindaje a la corrupción de esos partidos políticos, aseguró el gobierno del Estado.
En un posicionamiento oficial enviado por parte de la Oficina de Comunicación Social, establece que es por ello que han estado ejecutando acciones que tiendan a quitar facultades al gobernador sobre todo, aquellas que impliquen revisión de conductas que pudieran resultar ilegales.
“En su oportunidad se interpondrá Controversia Constitucional contra la invasión de facultades del Legislativo, hacia los asuntos del Ejecutivo, a fin de que la Suprema Corte resuelva lo conducente al Decreto 196, ya que como la misma Sala resolvió en su sentencia dejó abierta la posibilidad del Ejecutivo a impugnar esa invasión de facultades al establecer:
Esta Primera Sala no prejuzga sobre la validez o invalidez del decreto 196 aprobado en la quinta sesión extraordinaria celebrada el quince de junio de dos mil veintidós, pues ello no es materia de impugnación en la presente controversia constitucional”, señala el comunicado.
La información oficial indica que dicho acto lo realizaron también el “PRIAN” en el Estado de Tamaulipas a días del cambio de gobierno en el año 2022, para blindar al gobernador saliente.
“La eliminación de facultades al Ejecutivo, para trasladarlas a la Fiscalía resulta ilegal, basta recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal se encuentra dependiendo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con quien desde el año 2020 se tiene celebrado un convenio entre el Gobierno de Nuevo León y el Gobierno Federal para el intercambio de información, enfocados en la investigación de hechos presumiblemente ilícitos, por lo cual resulta evidente que el Congreso quiere obstaculizar el combate a la delincuencia”, finaliza.
bimc