Durante 2021, únicamente cuatro personas fueron vinculadas a proceso por delito de "Halconeo" y una persona resultó con sentencia absolutoria, esto de acuerdo a una solicitud de Acceso a la Información realizada ante el Poder Judicial.
A casi seis meses de que el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad reformas “urgentes” al código Penal del Estado para establecer penas de hasta 13 años de prisión para quien cometa este delito, los resultados han sido escasos.
El delito de “Halconeo” consiste en filtrar o compartir información que llegue a entorpecer las labores de seguridad. En su motivación, esta reforma buscaba, sobre todo, sancionar a elementos de la policía municipal que compartían información al crimen organizado, para cometer ilícitos y evadir la justicia.
Sin embargo, expertos en materia de seguridad advierten que esta reforma “Exprés” no genera un impacto de fondo, pues resulta sumamente complicado y abierto a la interpretación comprobar que alguien “filtra” información.
“Son reformas que en su gran mayoría son de carácter mediático, con la finalidad de mostrar a la autoridad (…) son estrategias mediáticas de manejo de crisis, con el objeto de tener una narrativa”, señaló David Saucedo, analista en seguridad.
Esta reforma también contempla sancionar desde 2 hasta 7 años de prisión y 75 días de multa, a los civiles que sean encontrados culpables de acechar, vigilar o proporcionar información sobre las actividades oficiales de integrantes de instituciones de seguridad pública, con la finalidad de entorpecer o evitar el cumplimiento de sus funciones y que la pena (de 2 a 7 años de prisión) se aumentará hasta en una mitad del máximo cuando sea cometido por exintegrantes de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas; así como cuando sea cometido a través de menores de 18 años.
El crimen organizado, especialmente en Guanajuato, suele reclutar a menores de edad para estas labores en específico y que los utilizan debido a que por su corta edad no ameritan una pena de prisión, resulta complejo comprobar el hecho de que un menor, efectivamente trabaja para el crimen organizado.
“Hay una evolución en la participación de los menores en los grupos criminales que empezaron como narcomenudistas, después empezaron a realizar labores de Halconeo y hoy son utilizados inclusive hasta para labores de sicariato, aprovechando de que son inimputables”, agregó Saucedo.
En la reforma aprobada el 31 de julio de 2021 y publicada el 2 de agosto del mismo año, también se establece que en el caso de servidores públicos que proporcionen información que conozcan con motivo de sus funciones para la comisión de hechos delictuosos, o para evitar afectar el cumplimiento de funciones de seguridad pública.
La sanción además de la inhabilitación será de 3 a 9 años de prisión y de treinta a noventa días de multa, de tratarse de un funcionario integrante de institución de seguridad pública, procuración de justicia o impartición de justicia, o de ejecución de penas, la sanción de aumentará hasta con una mitad del máximo; sin embargo, no existe un programa de protección a testigos adecuado que brinde seguridad a cualquiera que se atreva a denunciar.
PCQG