Por mayoría de votos, la Comisión de Presupuesto no aceptó el veto del gobernador Samuel Garcíaa la reforma a la Ley de Hacienda del Estado, cuyo fin es que el titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria (SATNL) sea ratificado por el Congreso local, previamente propuesto por el Ejecutivo estatal.
Esto quiere decir que, para ser aprobado de nuevo, requerirá el voto de las dos terceras partes de las diputaciones presentes en el Congreso, y se le enviará al estado para que proceda a su publicación en un plazo máximo de diez días naturales, contados a partir de su recepción.
“La (76) Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, tiene por recibidas en tiempo y forma las observaciones realizadas al Decreto No. 263 de fecha 28 de noviembre de 2022, que contiene iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León presentadas por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
“Con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León no acepta las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo por las razones expresadas en las consideraciones del presente Dictamen”, determinó la Comisión.
Eduardo Gaona, Coordinador de MC, dijo que quieren que Félix A, quien el lunes volvió a la titularidad del SATNL sea ratificado por el Congreso local.
“Ahora es perseguido penalmente, tuvo un ingreso como nunca lo había tenido, incremento la recaudación y ahora lo persiguen, parece haber molestado que los trabajadores reporten su ISR e ISN y que ese dinero ya reportado se jinetee y que se señale por el gobierno y busquen procesar a un funcionario que está haciendo bien las cosas”, indicó.
El gobernador, dijo, por supuesto lo vetó y Gaona acuso que no se puede superar el veto porque no hay argumentación jurídica para rechazar el veto.
“No sé vale invadir otro poder, es un servidor público que depende del Estado”, indicó.
El lunes pasado se le dio entrada al veto enviado por García Sepúlveda y se turnó a la Comisión de Presupuesto
“Que se tenga al Ejecutivo a mi cargo por devolviendo a esa H. Legislatura el mencionado Decreto Número 263, de fecha 07 de noviembre de 2022 con sus respectivas observaciones y considerando los argumentos expuestos.
“Se proceda conforme al procedimiento previsto por los artículos 90 y 125 fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 118 y 119 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado”, determinó el gobernador.
Dicho decreto, argumentó García Sepúlveda, carece de certeza y seguridad jurídica, pues el procedimiento para la designación del titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, depende del Estado.
“Hay una falta de claridad en esta disposición aprobada por el Congreso del Estado, se traduce en una incertidumbre jurídica, pues de no alcanzarse la votación requerida se estaría en presencia de un vacío legal en cuanto a la regulación necesaria para realizar la designación del titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria.
“La irregularidad que se advierte en este artículo, pone en riesgo el ejercicio de las atribuciones de la Subsecretaría de Administración Tributaria en materia de recaudación, fiscalización y administración de todas las contribuciones y demás ingresos estatales y federales coordinados, al no tener certeza respecto de la designación de quien llevará a cabo dichas labores, resultando en un evidente perjuicio a la Hacienda Pública Estatal, al no contar con las herramientas jurídicas necesarias para obtener con seguridad los ingresos necesarios para atender las necesidades colectivas de quienes habitan en la Entidad”, indicó.
Hace unas semanas, el Congreso local aprobó, tras cinco meses de tenerla en el congelador, ratificar al titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria (SATNL), previamente propuesto por el gobernador.
Durante los asuntos en cartera de la sesión ordinaria de este lunes, se le dio entrada al veto enviado por García Sepúlveda y se turnó a la Comisión de Presupuesto para determinar que harán los diputados.
“Que se tenga al Ejecutivo a mi cargo por devolviendo a esa H. Legislatura el mencionado Decreto Número 263, de fecha 07 de noviembre de 2022 con sus respectivas observaciones y considerando los argumentos expuestos.
“Se proceda conforme al procedimiento previsto por los artículos 90 y 125 fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 118 y 119 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado”, determinó el gobernador.
Dicho decreto, dijo García Sepúlveda, carece de certeza y seguridad jurídica, pues el procedimiento para la designación del titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, depende del Estado.
“Hay una falta de claridad en esta disposición aprobada por el Congreso del Estado, se traduce en una incertidumbre jurídica, pues de no alcanzarse la votación requerida se estaría en presencia de un vacío legal en cuanto a la regulación necesaria para realizar la designación del titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria.
“La irregularidad que se advierte en este artículo, pone en riesgo el ejercicio de las atribuciones de la Subsecretaría de Administración Tributaria en materia de recaudación, fiscalización y administración de todas las contribuciones y demás ingresos estatales y federales coordinados, al no tener certeza respecto de la designación de quien llevará a cabo dichas labores, resultando en un evidente perjuicio a la Hacienda Pública Estatal, al no contar con las herramientas jurídicas necesarias para obtener con seguridad los ingresos necesarios para atender las necesidades colectivas de quienes habitan en la Entidad”, indicó.
Hace unas semanas, el Congreso local aprobó, tras cinco meses de tenerla en el congelador, ratificar al titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria (SATNL), previamente propuesto por el gobernador.
¿Un veto?
1- El Congreso del Estado estará en aptitud de discutir nuevamente la ley o decreto que, para ser aprobado de nuevo, requerirá el voto de las dos terceras partes de las diputaciones presentes.
2- Aprobado de nueva cuenta, se remitirán las constancias pertinentes al Ejecutivo del Estado, para que proceda a su publicación en un plazo máximo de diez días naturales, contados a partir de su recepción.
3- El Ejecutivo no podrá presentar observaciones a los decretos de reformas o adiciones a la Constitución, las leyes de carácter constitucional, a los que convoquen a sesiones extraordinarias, resuelvan un juicio político ni a los de declaración de procedencia.
4. Transcurrido el plazo para formular observaciones, sin que se reciban las mismas, se tendrá por sancionada la ley o el decreto, el cual deberá publicarse en el plazo a que se contrae la parte final del segundo párrafo de este artículo, excepto tratándose de reformas a esta Constitución o a las leyes de carácter constitucional, que deberán publicarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción por el Ejecutivo.
5. Cuando el Poder Ejecutivo incumpla con los plazos previstos en el presente artículo, la ley o decreto será́ considerado sancionado, sin que se requiera refrendo, y el presidente del Congreso ordenará dentro de los diez días hábiles siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la cual deberá efectuarse al día siguiente.
6. El Ejecutivo del Estado no podrá realizar observaciones sobre las leyes y reglamentos que se refieran a la estructura y organización interna del Poder Legislativo.
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