Este 5 de junio se cumplen tres años del Halconazo Tapatío, como se le conoce a la represión realizada a decenas de manifestantes, por parte de más de 100 agentes de la Fiscalía del Estado, cuando exigían justicia tras el asesinato Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Ese día, varios jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada y tortura, cuando intentaban llegar a la Fiscalía del Estado a protestar por los actos de represión que se registraron un día antes, en la manifestación del 4 de junio.
A pesar de que han pasado ya tres años de estos hechos, las víctimas no han logrado obtener justicia, pues a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso no se tuvo el avance esperado.
"La FGR declinó competencia, es decir, después de revisar toda la carpeta y de sumar más testimonios y más denuncias, declina competencia, enviando a Jalisco nuevamente la carpeta, lo cual evidentemente pone en riesgo a las personas que habían sumado sus denuncias confiando en que la instancia federal sería más imparcial", Integrante del Colectivo 5 de junio Memoria.
En materia de Derechos Humanos, la Comisión Estatal emitió una recomendación donde reconocía los delitos de privación de la libertad y abuso de autoridad, pero no los delitos de desaparición forzada y tortura.
"Estos dos crímenes son de lesa humanidad, no prescriben y realmente la gravedad de estos hechos ameritaba no solo el reconocimiento de la CNDH sino que el Gobierno de Jalisco actuara en consecuencia a partir de la recomendación y al día de hoy ni siquiera ha habido una postura pública", Integrante del Colectivo 5 de junio Memoria.
La integrante del Colectivo 5 de junio Memoria, consideró que a lo largo de este tiempo, las autoridades han seguido criminalizando la protesta y no se ha reconocido ni se ha actuado en relación a los actos de desaparición forzada y tortura que se dieron durante los tres días de protestas, principalmente en la del 5 de junio.
A pesar de que al menos cuatro elementos fueron procesados, nunca hubo intención de investigar el proceso de la cadena de mando que se dio indicó, pues los elementos que participaron únicamente ejecutaron las órdenes que recibieron de superiores, en ese entonces siendo Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez.
Respecto a los elementos procesados, en junio de 2021 quedaron en libertad tras habérseles otorgado la suspensión provisional del proceso, con una disculpa pública y el pago de 293 mil pesos por reparación de daños a únicamente a 16 víctimas reconocidas, aunque según los testimonios se habla de que fueron hasta 80.
Para el Colectivo, el inicio del camino de la justicia, sería que el Estado reconozca públicamente los actos de desaparición y tortura y que se garantice la impartición de justicia y reparación del daño a todas las víctimas.