Al menos ocho movilizadores sociales fueron detenidos la mañana de este jueves 1 de mayo en la zona Huasteca, acusados de planear y realizar la invasión a predios rurales que son propiedad de agricultores y ganaderos de la región.
Luego de las denuncias presentadas por los afectados ante la Fiscalía General del Estado se obtuvo un ordenamiento judicial para desalojar y aprehender -junto con Said López de Olmos dirigente del Movimiento Huasteco Democrático (MDH)- a Carlos Rodríguez Larraga, Fortunato Ahumada Hernández, Francisco Robles Ramírez, Rafael Osuna Rivera y Alfredo Rivera Ponce, por el delito de despojo y los que resulten.
Además, fueron detenidos Julio Cesar Segura y Gildardo Torres González, quienes tenían órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.
Elementos de la Guardia Civil Estatal desalojaron también a alrededor de trescientas personas que mantenían invadidos tres predios en el municipio de San Vicente Tancuayalab. Allí se detuvo a cuatro individuos que intentaron agredir a los agentes de seguridad pública.
El operativo fue realizado con el apoyo de la Policía de Métodos de Investigación, supervisado por representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y con la asistencia de Jorge Vega Arroyo, sub Secretario de Gobierno
Los terrenos que habían sido invadidos días atrás son:
- 'Los Sabinos'
- 'Mancuernados'
- 'Rancho de la O' o 'La Bolsa'
Los afectados han manifestado su preocupación por el activismo de López de Olmos con supuestas banderas agraristas. Desde hace años no se presentaban invasiones a gran escala en la zona Huasteca, y las realizadas recientemente por el Movimiento Huasteco Democrático podrían generar inestabilidad social en el contexto de los próximos procesos electorales, puesto que las autoridades habían identificado la intervención, incluso de personas del vecino estado de Veracruz.
Saíd López de Olmos cobró notoriedad en la década de los noventa, cuando encabezó una serie de invasiones de ranchos huastecos para exigir reparto de tierras a campesinos y luchar contra latifundistas.
No obstante, la legitimidad de sus demandas se vio cuestionada al descubrirse vínculos estrechos que sostenía con el entonces gobernador priista Horacio Sánchez Unzueta.