Tras las diferencias políticas entre el Gobierno del Estado, emanadas de Movimiento Ciudadano, y del Congreso local, liderado por PRI y PAN, han desatado que ambas partes y los alcaldes de sus partidos promovieran 22 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que un ministro determine quién tiene la razón.
Archivos periodísticos señalan que nueve municipios de Nuevo León, a través de una controversia que fue unida en todos los juicios presentados por los alcaldes de Los Herrera, Los Ramones, Los Aldamas, Sabinas Hidalgo, General Zaragoza, Melchor Ocampo, Hidalgo, Cerralvo y General Terán, demandaron que el Estado y los municipios no estén obligados a prestar a los organismos electorales el auxilio material e institucional que requieran para el desarrollo de sus actividades.
¿Qué conflictos políticos se han presentado en Nuevo León?
El 2 de diciembre de 2022 llegó al Congreso local la controversia 238/2022, que promovió el gobernador Samuel García contra el proceso del fiscal, para evitar que los diputados designaran a Adrián de la Garza Santos como titular de la Fiscalía General de Justicia, sin embargo, el Ejecutivo estatal se adelantó y vetó al ex alcalde de Monterrey, sin que los legisladores le mandaran la terna más uno.
“La convocatoria pública realizada por el Congreso del Estado a quienes posean título profesional de licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años y que cuenten con experiencia y conocimientos en procuración o impartición de justicia en el ámbito público o privado, a presentar solicitud para ocupar el cargo de fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, así como todos los actos que deriven de dicha convocatoria, mismo que obra en la página del Congreso del Estado”, se lee.
También el Estado promovió la 253/2022, que llegó al Congreso el 3 de enero pasado, pidiendo la declaratoria de invalidez relacionada a que la Comisión Jurisdiccional iba por el gobernador Samuel García por haber modificado el escudo de armas de Nuevo León, sin embargo, por vicios legislativos no pudieron enjuiciarlo.
El 6 de enero llegó al Congreso la impugnación 258/2023, mediante la cual el gobernador impugnó la actuación de las Fiscalías General, Anticorrupción y del propio Congreso, por “nula” declaratoria de procedencia penal y desafuero en contra de Javier Navarro, secretario General de Gobierno. Sin embargo, dicho tema caducó desde el 17 de mayo pasado, porque lo legisladores olvidaron proceder con la continuación del juicio, y aunque intentaron revivirlo, legisladoras de Movimiento Ciudadano señalaron que esto ya no tiene sustento.
La tarde del 21 de febrero pasado llegó al Congreso la controversia 31/2023 que interpuso el gobernador contra la Comisión Anticorrupción, pues ésta le abrió un juicio político, porque no presentó antes del 20 de noviembre de 2022 el Presupuesto de Egresos 2023, a considerar que fue muy grave para el Estado.
El 14 de julio pasado llegó la controversia 259/2023 mediante el cual el gobernador se quejó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque la Comisión Jurisdiccional del Congreso local inició un juicio político contra José Mercedes Hernández Díaz, magistrado de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), por haber frenado la publicación de la reforma que quita la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) y la convierte en Fiscalía. Pero es de aclarar que, en el tema de la UIFE, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un plazo de 15 hábiles al Gobierno del Estado que ordena pasar la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), que pertenecía a la Tesorería Estatal, a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) pero ahora será nombrada como Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF).
Sin embargo, el Gobierno vetó nueve meses después este acuerdo y argumentó que no lo puede publicar en el Periódico Oficial del Estado (POE).
La controversia 262/2023 llegó el 23 de junio pasado, la cual se promovió para no publicar en el POE y restarle facultades al Gobierno, ya que, en febrero pasado, el Pleno del Congreso local aprobó en segunda vuelta una reforma constitucional a 27 artículos de la Carta Magna, con el fin de que los diputados ejerzan “la moción de censura” para destituir al Gabinete del gobernador Samuel García, entre otras cosas.
La controversia 293/2023 señala que el 13 de julio pasado fue notificado el Congreso local sobre la controversia promovida por el Ejecutivo para impedir que Andrés Marroquín, coordinador General de Servicios Aéreos, compareciera ante la ASE por la polémica del King Air, también la 309/2023 para evitar que Gloria Morales, secretaria de Administración, compareciera por dicho tema.
La 342/2023 promovida y recibida el 11 de agosto pasado para evitar que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) tenga una Junta de Gobierno y, al menos haya un diputado para que sesionaran inmediatamente.
El 6 de septiembre se envió la controversia 401/2023, la cual fue promovida por el Ejecutivo y refiere sobre la publicación en la Gaceta Parlamentaria los Decretos 399 y 403. El 22 de septiembre llegó la 402/2023, que tiene que ver con el DIF, pero no se especificó.
La 436/2023, que llegó el 2 de octubre, refiere el Artículo 10, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reclama la omisión del Poder Legislativo del estado de Nuevo León de realizar las reformas necesarias a la Ley de Defensoría Pública Para el estado de Nuevo León, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
Esta controversia se interpuso para que la Defensoría se mantenga en el Estado, que de hecho esta semana así lo determinó el ministro; y se ordena al Poder Judicial abstenerse de tomar dicha funciones.
La controversia 487/2023 que promovió Samuel inmediatamente después de la designación del magistrado del Poder Judicial del Estado, José Arturo Salinas Garza, como gobernador interino.
Lo anterior no fue resuelto por la Corte, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que el Congreso tenía que nombrar a otro interino y designó a Luis Enrique Orozco, ex vicefiscal del MP, y el resto es historia.
mvls