Las autoridades electorales en todo el país muestran inquietud ante el aumento del uso de Inteligencia Artificial en las campañas políticas. Reconocen que no están debidamente preparadas para hacer frente a la difusión de mensajes generados por esta tecnología en la próxima contienda política del 2024.
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), expresó que “ese es un tema preocupante porque hasta ahora no se ha legislado ni existe capacitación”.
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“La verdad es que no estamos preparados, ni nosotros ni los ciudadanos”.
Ante la posibilidad de que la tecnología de la IA pueda ser mal utilizada, Taddei revela que el INE está en pláticas con la compañía Meta —que anunció hace poco que regulará el uso de los anuncios políticos— para generar programas que eviten la información falsa o que intenten manipular las opiniones de la ciudadanía.
Con lo que el INE cuenta por ahora es un programa denominado, Certeza, “una iniciativa multidisciplinaria del INE que tiene como objetivo combatir la desinformación en redes sociales durante los procesos electorales”, según Taddei.
Pero si el INE tiene problemas, los institutos electorales de los estados no están en una mejor situación.
En Puebla, por ejemplo, el consejero electoral Arturo Baltazar dice que no existe ninguna regulación al respecto, que la IA no es castigable, que no cuentan con un área de peritos cibernéticos y que el organismo únicamente investigará casos cuando exista de por medio una denuncia.
Pese a las deficiencias, Baltazar asegura que al instituto cuenta con un aliado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para hacer las pruebas necesarias que determinen la autenticidad de fotografías, audios y videos. Todas las pruebas, dice el consejero, se valoran para determinar las infracciones a la normativa electoral.
Para sancionar estas prácticas, Baltazar aclara que se apegarán al código electoral.
“Tendríamos que analizar cuál fue el impacto, quién lo hizo, hacia quién iba dirigido. De esa forma estaríamos sancionando el uso de la IA, no a la IA directamente”, dice y asegura que, si la IA se utiliza para menoscabar u obstaculizar los derechos electorales de las mujeres, se iniciará una suerte de procedimiento especial sancionador y se dictarán las medidas cautelarles necesarias.
En Chiapas, el dilema es el mismo: la IA no se encuentra regulada. De hecho, el instituto electoral del estado tiene que enviarle al INE una solicitud de investigación sobre denuncias en medios digitales, solicitudes que generalmente no contestan.
Por eso Magdalena Vila, consejera electoral y presidenta provisional del organismo, advierte que dicha tecnología es un reto y un peligro para el proceso electoral 2024.
“Lo peor de que la imagen de alguna candidata o de algún candidato sea utilizada de manera negativa es que no tenemos a quien responsabilizar”, dice la consejera y agrega que, ante esto no hay nada qué hacer. Mucho menos cuando Chiapas se encuentra en un periodo en donde cualquier modificación a la ley electoral ya no impactan o inciden en las elecciones.
“Las atribuciones del organismo electoral son restringidas por las plataformas digitales”, se sincera Vila, pero asegura que al menos en temas de violencia política sí habrá sanciones y garantizarán los derechos a la persona que está siendo presuntamente violentada.
Por su parte, Paula Ramírez Höhne, presidenta del Instituto Electoral de Jalisco (IEPCJ), admite que el organismo no puede investigar más allá de los secretos fiduciario, bancario y fiscal para fiscalizar a las prácticas de los partidos.
“Eso lo hace el INE”, dice y añade que, ante el uso de la IA y de las redes sociales, lo único que las autoridades electorales pueden hacer es capacitar para entender, detectar y, en su caso, sancionar en el caso de usos indebidos durante la contienda electoral.
“Las autoridades electorales tenemos un enorme reto en identificar si es real el mensaje, si es apócrifo, si hay alguna autoría detrás, si hay un pago detrás o si hay empresas que generalmente que no residen en nuestro país”, dice Ramírez y aclara que el IEPCJ no persigue ningún delito hasta que haya una denuncia.
Para Ramírez, al menos en el campo digital, ya hay camino andado: una de las experiencias más recientes para el órgano electoral que ella preside fue la anulación de la elección en San Pedro Tlaquepaque en 2021, pues el cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, hizo propaganda en la red social X.
“Lo que logramos en los comicios pasados tenemos que lograrlo en éstos. ¿Cómo? Vigilando como podamos el mal uso de la IA”.
En Yucatán, según la presidenta magistrada del tribunal electoral, Lissette Cetz Canché, si bien sólo en su despacho se resuelven impugnaciones, cuando le turnen un caso del mal uso de la IA, pedirá ayuda a otras autoridades para resolver el caso.
“En un momento dado que llegue un expediente con esas características se turnarán a las instancias correspondientes como puede ser la FEPADE o puede ser la fiscalía estatal”.
Cetz Canché dice que en el tema de la IA se debe de trabajar con criterios como ha ocurrido con la paridad de género, la sobrepoblación, las comunidades indígenas, la comunidad LGBTQ+ y los grupos vulnerables.
“De no trabajar en acciones, se nos complicará el trabajo todavía más”.
Actualmente hay una iniciativa presentada en el Congreso de Yucatán que pretende regular la utilización de la IA. Pero ni el INE, ni el instituto electoral yucateco han anunciado un plan para analizar, verificar y castigar el empleo de esta tecnología.
La IA ha tomado por sorpresa al mundo. Incluyendo el ring electoral.
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