La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) informó que el desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) adeuda alrededor de 4 mil 700 millones de pesos a diversas empresas que entregaron al sector salud los medicamentos comprometidos.
“Sí hay adeudos. Se está trabajando con ellos en la conciliación. Hay sanciones, hay adeudos que debemos revisar y existe la voluntad política para cubrir todos estos adeudos. Falta trabajo por realizar, pero esperemos que se cumplan las metas que nos hemos determinado”, explicó el director general de Canifarma, Rafael Gual Cosío en entrevista con Milenio.
Se trata, dijo, de adeudos por “cerca de 4 mil 700 millones de pesos y el tiempo perentorio, es lo que fijó la ley, 180 días a partir de la desaparición” (del INSABI), lo que ocurrió el pasado 29 de mayo de 2023.
Los adeudos, aclaró, obedecen a la falta de pago de “medicamentos que ya se entregaron por parte de las empresas, cuya facturación, en estos casos, se está revisando para poder cubrirlos”.
Al preguntarle si se instalarán mesas de diálogo con el INSABI o esperaran a que pase ese periodo de 180 días, Gual dijo que “estamos trabajando con ellos constantemente. Tenemos reuniones y las mismas empresas están en procesos de (programación) de citas, de revisión de las facturas”.
Sobre las sanciones a la industria, dijo que se utilizaron operadores logísticos diferentes a los que se tenían antes y muchas veces, por cuestiones del operador logístico, no se recibían los productos.
“Las sanciones son mínimas, pero, una sanción puede evitar que te paguen, no, al final de cuentas. Por decirte, si es 1 millón de piezas y entregamos 990 mil, pues por esas 10 mil nos pueden sancionar y evitar que te paguen al final de cuentas. Es un tema que se debe dilucidar”.
Y, por ello, hay medicamento aún en bodegas. “En algunos casos sí. Son diferentes medicamentos. No es un tipo en particular. Hay de todo”.
Sobre cómo la Canifarma trabajará con IMSS Bienestar, Gual comentó que los procesos de licitación y compras son “una incógnita que tenemos que resolver. En estos momentos, el Insabi hizo contratos (anuales por el periodo) 2023 y 2024 y no sabemos hasta cuándo va a dejar de pedir el Insabi".
“Tendría que ser antes de que termine este año y pagar antes de que termine el año. Lo vemos difícil. Pensamos que eventualmente, pero es una hipótesis, IMSS Bienestar tendrá que hacer una nueva licitación. Son cuestiones que no se han definido todavía”, Gual también se refirió al desabasto generalizado de medicamentos.
“Es una cuestión multifactorial, por un lado, es falta de planeación, por otro, también es la falta de consolidación adecuada y de petición de los medicamentos que se requieren. Los medicamentos como lo hemos comentado en otras ocasiones, pues no es que exista un almacén lleno de medicamentos, a ver que se les ofrece. Los medicamentos se fabrican por contrato y normalmente tarda de 3 a 4 meses, entonces, si no se tiene esa planeación adecuada, no se podrá tener el medicamento en tiempo y forma”.
De ahí que llamara al gobierno federal “transparencia y respeto al marco jurídico” en la consolidación de IMSS Bienestar.
De igual manera consideró que el Insabi jamás “funcionó al 100 por ciento; la verdad es que es un organismo que fue creado en esta administración y a los 3 años concluye sus funciones. El caso habla por sí solo”.
Y, prueba de ello, es que, ante el incumplimiento de las empresas extranjeras en las compras consolidadas abiertas, el sector salud debió hacer compras directas con la industria establecida en México.
“El Insabi al final de cuentas sí hizo licitaciones. La última, volvimos un poco al esquema que teníamos antes donde se permitía la participación de distribuidores.
"Fueron licitaciones internacionales abiertas en muchos casos, pero es significativo que más del 94 por ciento de esas necesidades fueron cubiertas por empresas locales, por empresas establecidas en México. Esta compra internacional pues no funcionó por la misma razón, o sea, la falta de planeación. Al final de cuentas quienes respondimos fuimos las empresas establecidas en México”.
Otra preocupación es la clausura de normas oficiales porque, explicó, “sirven para fijar criterios mínimos para la atención de los pacientes y sobre los tratamientos que deben recibir por ley. Los amparos de muchos niños con cáncer por no recibir un tratamiento se fundamentaron precisamente en la norma que ya existía. Y, a la hora de que ya no existe la norma, difícilmente va a ser exigible para los pacientes el tratamiento”.
cog